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En 1984, el Tribunal Superior de Medellín entregó en comodato a la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, un conjunto de documentos fechados entre 1669 y 1991, y que abarca no solo a Medellín, sino también a otros municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, Valle del Cauca y Chocó. Para albergarlo, ese mismo año la Universidad Nacional creó el Archivo Histórico Judicial de Medellín (AHJM). Desde entonces, este repositorio ha permitido que varias generaciones de historiadores y estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales realicen investigaciones históricas sobre temas como la vida cotidiana, la homosexualidad, el control sobre jugadores y vagabundos, los asesinatos, las riñas, los concubinatos, los amancebamientos o los estupros en Medellín.

Según el jurista y autor del Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia [1839], Joaquín Escriche, los juicios tratan de la discusión de un negocio entre un actor y un reo, arbitrada por un juez competente, quien la dirime y la sentencia (1). A su vez, estos juicios se componen de varias partes: la demanda, la citación, la contestación, las pruebas y la sentencia. Ante los escribanos de la época colonial o los notarios republicanos se tramitaban todo tipo de documentos: testamentos, codicilos, capellanías, censos, poderes, cartas de dote, donaciones, fianzas, compraventas de tierras, contratos y cartas de libertad. Todos estos reposan en los legajos de los juicios civiles y criminales, pues en algunas ocasiones fueron adjuntados como pruebas y, en otras, fueron la piedra de toque para iniciar un proceso.

El AHJM custodia documentos de muy variada naturaleza, pero principalmente contiene juicios civiles y criminales. Los primeros consisten en disputas por cosas o derechos, casi siempre por incumplimientos de obligaciones o indemnizaciones por daños o perjuicios. Los segundos tienen por objeto la averiguación de un delito. Generalmente estos juicios atañen a delitos contra personas, propiedades o el Estado, aunque en el pasado las infracciones contra la moral también eran juzgadas como crímenes. Así, por ejemplo, la violación de las normas sexuales eran consideradas crímenes contra la sociedad.

Los delitos contra personas abarcaban homicidios, lesiones e injurias verbales. Los delitos contra la propiedad incluían hurto, robo e invasión a la propiedad privada. Los delitos contra la moral encerraban el concubinato, el adulterio, el rapto, el estupro, la violación carnal, la bestialidad, la homosexualidad, la vagancia y el escándalo. Por último, los delitos contra el Estado comprendían actos como la rebelión, los líbelos infamantes y el peculado (2).

Los juicios civiles y criminales son fuentes fecundas para realizar historia social. En esos expedientes aparecen personas pobres, rebeldes, tahúres, asesinos, homosexuales, vagabundos, amantes; en fin, toda clase de marginados. Su lectura permite acercarse a la realidad del pasado de una forma más tangible que otro tipo de documentos. Las palabras y los actos que aparecen consignadas en las declaraciones exhiben la vida de los más desfavorecidos. 

En todos estos expedientes se encuentran destellos de la vida cotidiana. Contratos de trabajo, demandas por incumplimientos de pagos de deudas o testamentos pueden parecer monótonos a primera vista, pero revelan pistas sobre las diversiones públicas y privadas, las devociones, la vida material o el consumo. Más allá, permiten observar los contrastes entre la riqueza y la miseria. En esos papeles también aparecen sentimientos como la desgracia, la ambición o el amor conyugal. Y con él, el extrañamiento de la persona amada, el deseo sexual, el incumplimiento de promesas matrimoniales, el uxoricidio, los malos tratos y el abandono familiar. 

En ocasiones, los expedientes judiciales contienen las pruebas que se utilizaron para inculpar a los sindicados. Traspapelados, se hallan mapas, planos, croquis, dibujos y garabatos que se adjuntaron como pruebas, y que los investigadores pueden utilizar para hacer historia de las imágenes. Esos documentos son útiles para el estudio de la paleografía y la diplomática. Su lectura atenta permite observar la diversidad de sellos, resellos, papeles, tintas y tipografías. 

Además, el análisis de esos documentos ayuda a comprender el funcionamiento de la administración colonial y del Estado republicano. En ellos aparecen alcaldes ordinarios y pedáneos, gobernadores y oidores, jefes de cantón y presidentes revelando la eficacia o la inoperancia de la burocracia. 

El principal valor de los juicios civiles y criminales reside en que permiten conocer a individuos que difícilmente están registrados en otros documentos. Los artesanos mestizos, los esclavos negros, las mujeres violentadas, los niños expósitos, los jornaleros zambos, los indios vaqueros o los mazamorreros mulatos tienen voz en estos expedientes.