El 26 de abril tuvo lugar en Colombia una segunda crisis de gabinete con 7 nuevos ministros, previa solicitud de su renuncia protocolaria y el anuncio de un gobierno de emergencia, ante la ruptura de la coalición en el trámite de las reformas. El hecho ocasionó un revuelo mediático y en redes sociales sin precedentes y suscitó una controversia entre observadores desprevenidos, expertos, políticos con curul, candidatos derrotados, oportunistas, periodistas resentidos, académicos y opinadores ocasionales. El cambio en las carteras de educación, cultura y deporte en enero pasado, había dejado hipersensible y al acecho a una “oposición” que apenas se está conociendo y conformando, después de 200 años en el poder. Si bien el nuevo gobierno aún no ha colmado algunas expectativas de su electorado, en particular por la inclusión de algunos nombres en el equipo de gobierno, hasta hoy los proyectos de reforma han sido coherentes con el contenido programático de la campaña presidencial.

El gobierno de Petro, conformado por los partidos ganadores de las elecciones de 2022 por más de 11 millones y medio de votos, otorgó participación inicial en el gabinete a los partidos Liberal, Conservador y de la U. Durante los primeros 100 días de gobierno, la coalición funcionó para financiar y desplegar la agenda de gobierno y las reformas propuestas en la campaña presidencial, durante los cuatro años de gobierno. El nuevo gobierno inició el 7 de agosto de 2022 la ejecución de una agenda orientadas a consolidar los principios de la Constitución Política adoptada por Colombia hace 30 años, mediante una serie de reformas sociales (salud, educación, trabajo, pensiones), políticas, a la justicia y de transición energética, que requirieron de financiación a través de una ley aprobada por el congreso en diciembre pasado: una reforma tributaria que se logró después de un amplio diálogo con los gremios, los sindicatos, los partidos, las comunidades y las bancadas del congreso. En este lapso, igualmente fue presentado el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que fue consultado y construido conjuntamente con la ciudadanía a través de unos inéditos “Diálogos Regionales Vinculantes”.

Por esta razón se ha suscitado una suerte de histeria colectiva, y ante la decisión de cambiar a 7 de los 18 ministros del despacho, a nueve meses de iniciado el gobierno, las opiniones se han centrado en calificar o descalificar la idoneidad de las personas vinculadas o desvinculadas en esta ocasión, en celebrar o lamentar la inclusión de uno u otro nombre, y hasta anhelar con nostalgia otros tiempos, gobiernos y constituciones. Los medios de comunicación alineados con los grupos económicos (Gillinsky, Santo Domingo, Ardila Lulle, Sarmiento, etc.) que han conseguido a toda costa la posición dominante en el mercado, y por ende, han magnificado las crisis como voceros y representantes de sus jefes políticos de los partidos tradicionales (Gaviria Trujillo, Efraín Cepeda, Dylian Toro, Uribe Vélez, Vargas Lleras) que han sido parcialmente desplazados del poder político. Incluso algunos medios independientes han recurrido a estrategias sensacionalistas con el fin de ganar audiencia y/o lectores en lugar de informar, explicar y formar de manera integral al público.

La salida de los ministros de Interior, Hacienda, Salud, TIC, Transporte, Agricultura y Ciencia, fue reemplazada por miembros del partido de gobierno, y algunos de ellos formaron parte del gabinete de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá 2011-2015. El cambio que suscitó las mayores expresiones de descontento fue el del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, habida cuenta de sus calidades personales, académicas y profesionales reconocidas internacionalmente. La salida de otras ministras y ministros, fue en cambio celebrada ruidosa y tropicalmente por la tribuna política. La joven democracia colombiana que hoy ajusta dos siglos, inicia el sistema de alternancia de partidos en el poder, que las restantes democracias latinoamericanas han conocido hace décadas y por ello, algunos rancios líderes políticos en desgracia, pero con pretensiones de reencauche, se apresuran con angustia a proponer referendos y plebiscitos para aprobar el trámite de las reformas que las mayorías han acogido y legitimado desde las elecciones presidenciales de 2022, de acuerdo con el contenido programático de la campaña.

Las características inherentes a los sistemas presidenciales latinoamericanos implican que el Ejecutivo es unitario y asume la dirección del gobierno y del Estado, es electo popularmente y no por el Legislativo (Carpizo, J. 2006). El presidente, quien no es políticamente responsable ante el Congreso, nombra y remueve libremente a los ministros y estos no pueden ser miembros del Congreso. El gobierno puede estar afiliado a un partido diferente a la mayoría del congreso y no puede disolverlo, ni este está en capacidad de dar un voto de censura al presidente (Loewenstein, K. 1965). De allí que los cambios de gabinete por motivos políticos o técnicos son una característica esencial del sistema presidencialista colombiano, y a estas crisis periódicas no ha escapado ninguno de los gobiernos de los últimos 30 años. Por ello resulta excesiva la controversia alimentada mediáticamente por los emisarios de la nueva oposición, y por primera vez relegada de las mieles del poder.

A diferencia del sistema parlamentario, cuyos miembros de gabinete son a la vez miembros del Congreso, y dirigentes del partido mayoritario o de los partidos de coalición que conforman la mayoría (Lijphart, A. 1994), y en donde el ejecutivo es doble: un jefe de Estado con funciones de protocolo y representación, y un jefe de gobierno que dirige la administración y la acción gubernamentales (Duverger, M. 1984). Cabe preguntarse entonces, ¿por qué los sistemas presidenciales latinoamericanos se han desfigurado y han concentrado tantas competencias en una persona? Aparentemente este presidencialismo ha sido incapaz de impedir dictaduras, como en los recientes casos de Bolivia y Perú, y han evidenciado un atraso notable de la estructura social, un desorden de la vida política y un frenesí de estados de urgencia. Ni los poderes legislativo ni judicial, ni los partidos políticos, han logrado el prestigio ni la confianza social, y se les atribuye la corrupción porque nadie les ha considerado parte de la solución sino de los problemas (Lambert, J. 1980). Con un periodo de cuatro años, el gobierno colombiano no se plantea de manera estructural un viraje hacia el sistema parlamentario y menos aun hacia un Estado federal.

El presidente Gustavo Petro, cuando dio a conocer los nombres de sus nuevos ministros dijo: Nuestro compromiso es siempre buscar las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país (Infobae, 26 de abril 2023). No obstante, el gobierno nacional de Colombia apenas inicia un periplo de 40 meses en el cual se podrían ver reforzados los mandatos de la Constitución Política y de una democracia más diversa, amplia e incluyente, en medio del aprendizaje constante de parte de gobernantes, opositores, independientes, escépticos, resentidos, indiferentes y especialmente gobernados. Las reformas sociales requieren gobernabilidad, que se puede lograr, esgrimiendo razones políticas y técnicas, a través de coaliciones y de transacciones con los partidos, y evidenciar, allí sí, las fortalezas y las debilidades derivadas del diagnóstico configurado hasta la fecha para que las referidas intervenciones gubernamentales, en materia social, ambiental, política y económica, consigan ser agendadas, presupuestadas e implementadas efectivamente./p>

Una convocatoria al pueblo a las calles para la aprobación de las reformas no le sumará ningún voto en el Congreso.